En 2018 se registraron 167 mil 409 hechos violatorios en los expedientes calificados como presuntamente violatorios

Al cierre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos de Protección de Derechos Humanos (OPDH´s) de las entidades federativas, contaron con 633 unidades administrativas para el ejercicio de sus funciones. De éstas, 15.5% fueron Visitadurías Generales o Subprocuradurías.

En el mismo periodo, de los 5 mil 759 servidores públicos que se encontraban adscritos a las unidades administrativas en la CNDH, 51.9% fueron hombres y 48.1% mujeres; mientras que en los OPDH´s la distribución entre hombres y mujeres fue de 45.8% y 54.2%, respectivamente. La tasa de servidores públicos por unidad administrativa en la CNDH fue de 102.9 y mientras que la tasa nacional en OPDH’s fue de 6.5.

Durante 2018, dichas instancias recibieron 192 mil 090 solicitudes de queja (23.0% se presentó ante la CNDH y 77.0% ante OPDH´s). Del total de solicitudes, 43.4% fueron aceptadas; mientras que 54.7% se desecharon y, el restante 1.9% permaneció pendiente de atención.

En 2018, la CNDH y OPDH´s atendieron 102 mil 127 expedientes de queja, calificándose 93 mil 758 de ellos como presuntamente violatorios de derechos humanos; mientras que concluyeron 61 mil 448 y, finalmente, 38 mil 579 quedaron pendientes al cierre del año.

En los expedientes calificados, se registraron 167 mil 409 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, siendo los más frecuentes: violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública (9.7%), detención arbitraria (4.9%), negativa o inadecuada prestación de servicios públicos (4.4%) y tratos crueles inhumanos o degradantes (4.2%).

Respecto a los expedientes concluidos por la CNDH y OPDH’s al cierre de 2018, el principal tipo de conclusión fue “solución por conciliación” con 15.5%1.

Finalmente, la CNDH y los OPDH’s emitieron un total de mil 814 recomendaciones a las instituciones públicas de los diferentes ámbitos de gobierno: 55.5% para autoridades del ámbito estatal, 37.7% para instituciones del ámbito municipal y el restante 6.8% para el ámbito federal2.