Las y los diputados del grupo parlamentario de Morena y del Partido del
Trabajo propusieron una modificación a la Constitución Local para
conceder amnistía para enfrentar el hacinamiento en las prisiones
estatales por el Covid-19.
El Diputado Vladimir Parra fue el encargado de presentar la iniciativa y
comentó que esta busca atender principalmente a personas en un grado de
vulnerabilidad, que por su condición de pobreza o no poder contar con
una defensa efectiva y por lo tanto estén sujetos a un proceso penal
bajo circunstancias de injusticia.
Calificando a la amnistía como un acto del poder legislativo mediante el
cual se ordena el olvido oficial de una o varios delitos, aboliendo los
procesos o las penas y conforme a la legislación penal vigente en
nuestro Estado.
Agregó que a diferencia de la Constitución General la República que
faculta al Congreso Federal para conceder la amnistía en cualquier
delito, en la Constitución Local se acota a delitos políticos y esto
desafortunadamente lo refrenda el artículo 97 del Código Penal Local.
Parra Barragán comentó que por lo tanto el Poder Legislativo, solamente
puede conceder la amnistía tratándose de delitos “Contra la Seguridad
del Estado”. Sin embargo al aprobarse los cambios a la Carta Magna
realizadas en el Senado del República, el Congreso de Colima debe hacer
ajustes.
Expuso que los beneficios de la amnistía federal, por razones de salud
pública, humanitarias o diversas que en el futuro llegaran a
presentarse, no podrían aplicarse en Colima por no contar con las
herramientas legislativas adecuadas, colocándole al Congreso un freno
para aplicar los beneficios a la ciudadanía.
Por ello dijo que es necesario se dote al Congreso Local de la facultad
de ejercer la amnistía respecto de otros delitos, lo cual no implica
reformar la Constitución para que quienes hayan cometido delitos como el
homicidio doloso en todas sus formas, el feminicidio, la violación, la
pornografía o el turismo sexual u otros que laceran gravemente a nuestra
sociedad, salgan libres.
Finalmente comentó que la intención es reparar las posibles injusticas
cometidas por el sistema de justicia penal, pero sobre todo atacar las
causas estructurales, así como prever cualquier situación futura, por lo
que es momento de dotar al Estado de instrumentos jurídicos para el
beneficio de la población.