* Prevé una línea de contingencia de 65 millones de pesos
* La SHCP tendrá que avalar o no la contratación de prestación de
servicios
En reunión informativa con los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos a la que se unieron
demás legisladoras y legisladores de otras comisiones y fracciones
legislativas, los secretarios de Planeación y Finanzas, y de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Carlos Arturo Noriega García y José
de Jesús Sánchez Romo, respectivamente, hicieron la presentación de la
iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre la línea revolvente y contingente
del proyecto Libramiento Colima, vía rápida, así como también de su
parte técnica.
En lo que respecta a la parte técnica, el secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo explicó que el proyecto, de
asociación público-privada, contempla la intervención de 23.5
kilómetros, en donde actualmente se ven afectados 50 mil habitantes en
la zona de paso de transporte de carga en el actual libramiento Ejército
Mexicano, que desde el 2018 no se reciben recursos para su mantenimiento
por parte del gobierno federal.
Indicó que de acuerdo con la estadística transitan diariamente, por el
citado libramiento, 6 mil 200 vehículos pesados, más 39 mil vehículos
por día, a fuertes velocidades, lo que ha implicado una serie de
accidentes mortales, por lo tanto, con la nueva proyección se reducirían
tales efectos.
Señaló que a la empresa Dynfra, se le otorgarían una concesión por 30
años y dicha, realizaría una inversión propia por 2 mil 100 millones de
pesos, fijándose un plazo para terminar la obra de 16 meses, sin
embargo, dijo que ese tiempo podría reducirse a sólo 10 con la finalidad
de que dicha empresa comience a recuperar su inversión.
Aclaró que, a los vehículos con placas del estado de Colima, que
transitaran por el nuevo libramiento, no se les cobraría ninguna cuota
por el peaje.
En su oportunidad el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo
Noriega García dio los detalles a las y los legisladores, sobre la
importancia de que la LIX Legislatura apruebe tal proyecto, y es que se
deberá abrir una línea contingente por 65 millones de pesos, con alguna
institución financiera, para garantizar que la empresa tenga el flujo
económico proyectado “no se destinaran recursos económicos o recursos
públicos del Gobierno Estatal. No hay compromiso económico alguno”.
Reiteró que tal circunstancia no significa que el gobierno del estado
tendrá en sus arcas tales recursos para su disposición, “sólo es una
garantía que tendrá una institución financiera lo que corresponderá al
estado, es hacer que el flujo vehicular pesado, transite por el nuevo
libramiento, acciones que se desarrollarían a través de la Secretaría de
Movilidad”.
Añadió que existe la jurisprudencia necesaria para desviar al
transporte de carga pesada por la vía que se requiera, con ello se
aseguraría el cumplimiento de las proyecciones de ingreso de la empresa
y, por ende, no se utilizarían los recursos de la línea contingente
prevista.
Puntualizó que, en caso de llevarse a cabo el proyecto, y en su
operación no se generan las proyecciones económicas mínimas para la
referida empresa, se utilizaría la línea contingente de los 65 millones
de pesos, pero solo en las cantidades de afectación y no en su
totalidad, “por este monto de la fianza se comprometería el 0.5% de las
participaciones federales en caso de que se necesite, y no por el 3.5%
que se da actualmente a particulares”.
Aclaró que el primer paso, es que el Congreso del Estado, autorice el
proyecto, posteriormente será la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) quien avale o no, el contrato de prestación de servicios,
y que también será la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) la que tendrá que avalar las áreas a afectar, por el caso de
puentes a contemplar, “incluso la Semarnat en el caso del medio
ambiente”.
Detalló que posteriormente se deberá integrar todos los estudios
correspondientes a tal desarrollo, como los que tienen que ver con el
medio ambiente y la adquisición de los terrenos, de lo cual dijo,
algunos son de propiedad ejidal y otros de particulares, “en ese sentido
la empresa compra los terrenos y los pone a nombre del gobierno para
hacer el trámite correspondiente, en caso de que la empresa desista o
fracase pasarían al poder del gobierno estatal”.
Ante cuestionamientos, aseguró que el gobierno del estado no participa
en la adquisición de los terrenos, que es la empresa la que se hace
cargo y que además en dicha zona, que inicia en Cuauhtémoc y llegará al
Libramiento de los Asmoles, será una autopista, donde no se
contemplarían salidas o entradas, por lo cual, no habría un beneficio
adicional, “como por ejemplo un tema inmobiliario”, más que generar las
condiciones de seguridad por el tránsito de unidades con carga pesada y
peligrosa.
Reiteró que no se comprometen las finanzas del estado, “no se invertirán
recursos públicos, es la empresa quien lo hace”.
El funcionario estatal aseguró que, al reubicar el tránsito de carga
pesada, el libramiento Ejército Mexicano tendrá un desarrollo positivo
en cuanto a la generación de más zonas comerciales y mejores condiciones
de vida para los vecinos de tal zona de la capital del estado, “se
harían laterales para su reactivación, actualmente las zonas comerciales
están deprimidas”.
Dijo que, en la construcción del Libramiento Colima, vía rápida, se
generarían 3 mil empleos directos y se daría la participación de 60
empresas colimenses, “no todas adheridas a la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, pues se limitaría la oportunidad a unos
cuántos”.
En la reunión estuvieron presentes, las diputadas Ma. Remedios Olivera
Orozco, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, Gretel
Culin Jaime, Rosalva Farías Larios, Martha Meza Oregón, Mayra Yuridia
Villalvazo Heredia, Claudia Aguirre Luna, Livier Rodríguez Osorio, Ana
Karen Hernández, Alma Lizeth Anaya Mejía, Araceli García Muro y los
diputados, Julio Anguiano Urbina, Carlos César Farías Ramos, Francisco
Rodríguez García, Guillermo Toscano Reyes, Manuel Rubén Cervera García,
Luis Fernando Escamilla Velazco, Vladimir Parra Barragán y Arturo García
Arias.