Entrevistado por reporteros, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, diputado Carlos Cesar Farías Ramos, se solidarizó con la libertad de prensa de los medios de comunicación locales e indicó que el Instituto Electoral del Estado realiza violaciones graves a la letra de la constitución estatal y del país, faltando gravemente el principio de legalidad, por atentar contra la libertad de expresión de medios de comunicación y de legisladores, por lo que prevé presentar un juicio político en contra de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Colima.
Afirmó que los consejeros de dicho instituto, a través de la Comisión de Denuncias y Quejas, violaron preceptos legales e incluso la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al ordenar medidas cautelares en contra de él y de medios de comunicación en el Estado, censurando las declaraciones realizadas por el diputado petista al exhortar en tribuna la investigación de un probable delito electoral y de corrupción.
Farías Ramos refirió que, “el artículo 28 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima prevé que las expresiones de las y los legisladores son inviolables y que no podrán ser coartadas ni afectadas por ninguna autoridad, lo que significa un ataque directo a las facultades y atribuciones que como legisladores tenemos, esto por emitir medidas cautelares de un procedimiento que aún no se ha iniciado”.
Recordó a las y los consejeros del Instituto Electoral que la ley de Juicio Político del Estado de Colima prevé que pueden ser sujetos de un posible juicio cuando incurran en actos graves que afecten a la legalidad, a la Constitución y en alguna acción que afecte el debido funcionamiento de una institución como lo es el Poder Legislativo.
“Encuentro que la conducta de los consejeros del Instituto Electoral están actualizando 4 supuestos de la ley de juicio político, porque están incurriendo en ataque directo a las instituciones democráticas como lo es el Legislativo del Estado de Colima, así como a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la libertad de prensa y la libertad de expresión, que fue en agravio a los medios y a los derechos humanos de informar y ser informados” afirmó.
El diputado local consideró que el hecho de silenciar a un legislador que está protegido por la Constitución local en su artículo 28, hace acreedores a las y los consejeros del IEE a que se les finque un juicio político en su contra por violar el principio de legalidad a la que están sometidos.
“Coartar la libertad de expresión, libertad de prensa y de las expresiones parlamentarias significa una violación a un derecho humano del propio diputado, pero también de la propia colectividad que tiene ese derecho humano de ser informados de lo que hacen sus representantes populares”.
Al señalar que está protegiendo la libertad de expresión, Invitó a todas las personas y medios informativos que se encuentren agraviadas, dentro de los supuestos que marca la Ley de Juicio Político, a fincar la responsabilidad que corresponda a los consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado ya que “toda autoridad tiene un límite en su actuar y el IEE está trabajando fuera de la legalidad”, manifestó.