Con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados y su envío a la Cámara Alta para su autorización, se tendrán implicaciones negativas para la competitividad, como daños al clima de inversión, a la competencia económica y un riesgo para las finanzas públicas, así lo indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El instituto añadió que la iniciativa da un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos a privados en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
Agregó que estas dependencias podrán suspender permisos cuando consideren que las actividades de los privados representen un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
Entre las principales amenazas que ve el IMCO con la reforma, es la posibilidad de expropiación de instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El IMCO dijo que la aprobación de la reforma pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.