Por el crecimiento de esos servicios, se superó la capacidad del estado
para una debida regulación
El Congreso del Estado de Colima se sumó a la aprobación de la reforma a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Seguridad Privada, a fin de que el Congreso de la Unión pueda expedir la
Ley General de Seguridad Privada.
La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión remitió el
oficio sobre la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se adiciona una
fracción XXIII BIS al artículo 73 de la Constitución Política de Los
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Seguridad Privada, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente.
La argumentación que se dio estriba en que la industria de la seguridad
privada creció de manera acelerada en la última década, por lo que se ha
superado la capacidad del estado mexicano para regularla.
Se indicó que por el alto índice de inseguridad que se vive en nuestro
país, ha existido la necesidad de contratar empresas o personas con
conocimientos especializados para la prestación del servicio de
seguridad privada en condominios, fraccionamientos y zonas
residenciales, “esto tuvo un aumento de 20% en el ejercicio fiscal
2019”.
En la exposición de motivos, se refirió que la Agrupación Seguridad
Unidos por México (Asume) señaló que en el ejercicio fiscal 2019, 600
mil personas se desempeñaban en seguridad privada, de ellas, la cuarta
parte se encontraba en inmuebles habitacionales y las demás en
instituciones públicas y privadas como bancos, aeropuertos, aduanas,
empresas, traslados de valores, entre otros; “un tercio de los elementos
que laboran en empresas de seguridad privada lo hacen en la
informalidad, por lo que es necesario avanzar en la profesionalización,
regionalización y cobertura del sector”.
Agregó que en el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso, no
cuidan sus procesos, y tienen un número desconocido de trabajadores que
desempeñan una labor sin capacitación y que pueden incurrir en la
comisión de un ilícito.
En este contexto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional
de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017,
realizada por el INEGI, 7 de cada 10 grandes empresas se vieron en la
necesidad de contratar servicios de seguridad privada, por lo que dichas
sociedades tuvieron que destinar entre 5% y 8% de su gasto operativo
para resguardar a su personal, proteger mercancías e información.
Es por ello por lo que la referida reforma constitucional otorgará las
facultades para crear el marco normativo que atienda las necesidades
actuales, proponiendo la emisión de una legislación única, que propicie
el mejoramiento de los servicios de seguridad privada en beneficio de
quienes hagan uso de esos servicios.