*En el programa Rectoría en frecuencia, el rector Christian Torres Ortiz habló de las
acciones realizadas la semana pasada para reclamar el adeudo de 264 millones de pesos y
dijo que las clases presenciales podrían iniciar la segunda quincena de octubre.
Al participar este lunes en la edición en vivo del programa “Rectoría en frecuencia”,
que se transmite por Universo 94.9, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño habló de
las tres acciones realizadas la semana pasada para reclamar los 264 millones de pesos que
adeuda el gobierno estatal a la Casa de Estudios; esto es, una sesión del Consejo
Universitario y dos denuncias, una ante el OSAFIG y otra ante la Fiscalía Estatal. Además,
dijo que las actividades presenciales podrían reanudarse en la segunda quincena de octubre.
La sesión del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad
de Colima, dijo, fue para respaldarlo en todas las acciones que realice y resulten necesarias
-sean de índole jurídica, política o de cualquier otro tipo- en defensa de la Universidad y su
autonomía, para que a la brevedad cese la afectación al patrimonio universitario y sea
cubierta la deuda que el Gobierno del Estado tiene con esta institución.
Sobre las dos denuncias, comentó que la presentada ante el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) fue para solicitar que se revisen las
causas del impago de Gobierno del Estado a la UdeC; “solicitamos determinar o fincar las
responsabilidades ante la demora en la entrega del presupuesto formalmente aprobado para el 2021 y que no se ha otorgado a la Universidad”.
La segunda denuncia, ésta de tipo penal, presentada ante la Fiscalía Especializada en
el Combate a la Corrupción en el Estado, agregó, “fue para pedir formalmente que se
investiguen los hechos que han ocasionado el impago del subsidio estatal comprometido y
presupuestado a favor de la Casa de Estudios por parte del ejecutivo estatal; en este sentido, la Fiscalía anticorrupción realizará la investigación y determinará las responsabilidades penales, en caso de ser necesario”.
Comentó también que ha procurado mantener informada a la comunidad
universitaria sobre el tema y explicó que, ante la proximidad de concluir la presente
administración estatal, “la vía jurídica es el medio por el que solicitamos a las instancias
que poseen las atribuciones constitucionales correspondientes, que hagan su trabajo y
determinen las responsabilidades, para que la Universidad pueda recibir el recurso
económico que le corresponde para su funcionamiento”.
En este tema, agradeció el apoyo que le manifiesta la comunidad universitaria y dijo
que ya se tiene comunicación puntual con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva,
“quien ha mostrado solidaridad con la Universidad, además de ocupación y preocupación”,
y destacó que, de manera conjunta, están buscando alternativas “considerando que en fecha próxima asumirá el cargo de gobernadora en condiciones muy adversas”.
Comentó que el impago no sólo afectaría los salarios de las y los más de cuatro mil
trabajadores de la institución, sino que también generaría contratiempos en la atención de
las funciones sustantivas de la institución. La Universidad, dijo, no se encuentra en un
periodo vacacional; sigue atendiendo sus tareas de educación, investigación y extensión, y a una matrícula de más de 29 mil alumnos.
Agregó que, ante la falta de respuesta del gobierno estatal, se ha buscado mantener
comunicación con la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno federal, valorando
la posibilidad de obtener un recurso extraordinario y atender el contratiempo económico.
En otro tema abordado durante el programa, habló de la posibilidad de recibir a las
y los alumnos, de manera presencial, a partir de la segunda quincena de octubre. Este
regreso, agregó, se ha considerado a partir de las propias dinámicas y necesidades de cada
plantel.
Agregó, por último, que el regreso se hará de manera segmentada, tanto para las y
los docentes como para el estudiantado, sobre todo en los programas que requieren de más actividades prácticas. Además, ahora que el semáforo está en amarillo, será posible una asistencia mayor de trabajadores a las diferentes dependencias, también de una manera gradual.